Estado mexicano comparecerá ante el Comité CEDAW

Ciudad de México, 16 de junio de 2025.- En el marco de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana hacen un llamado a atender las recomendaciones presentadas en el informe sombra enviado al Comité. El documento expone la situación de estas poblaciones y el impacto de la política migratoria mexicana en tres ejes clave: salud sexual y reproductiva, trabajo digno (agrícola y de cuidados), y libre tránsito.

Las organizaciones subrayan que la migración afecta de forma desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, especialmente indígenas, afrodescendientes, trabajadoras agrícolas, con discapacidad o de la diversidad sexogenérica. Muchas huyen de contextos de violencia para encontrar un entorno igual de hostil en México, sin garantías de acceso a la justicia ni a una vida libre de violencia.

El endurecimiento de la política migratoria, la creciente militarización y la presencia del crimen organizado en las rutas migratorias han agudizado la vulnerabilidad de las migrantes, quienes enfrentan violencia de género, institucional y discriminación múltiple. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 2024 reveló que todas las mujeres entrevistadas habían sufrido algún tipo de violencia durante su proceso migratorio.

Entre 2018 y 2024, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes abrió más de 10,000 investigaciones, sin que una sola fuera judicializada. A ello se suman el racismo, la hipersexualización y el temor a denunciar por miedo a represalias, deportación o impunidad que viven las migrantes. Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que, entre 2019 y 2024, tres de cada diez detenciones migratorias fueron de mujeres. Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reporta que cuatro de cada diez solicitudes de asilo corresponden a mujeres.

En materia de libre tránsito, y pese a recomendaciones previas del Comité CEDAW, México mantiene la detención migratoria como regla. Detenciones que pueden ser prolongadas y realizadas dentro del país, en franca omisión a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Amparo 388/2022 y 275/2019, relativos a la no detención migratoria superior a 36 horas y la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias en carretera. Medidas que siguen sin aplicarse, afectando especialmente a mujeres y niñas.

El acceso a la salud sexual y reproductiva continúa limitado y condicionado a la situación migratoria. Además, persiste la pobreza menstrual entre mujeres migrantes, agravada por barreras económicas, lingüísticas y falta de insumos básicos. En el caso de las mujeres haitianas, ellas enfrentan una doble carga por el idioma y el desconocimiento de sus derechos en el país.

Las jornaleras enfrentan una doble exclusión: como migrantes y como trabajadoras agrícolas. A pesar de realizar una labor esencial para la producción de alimentos, sus derechos laborales, reproductivos y de cuidado son transgredidos sistemáticamente. Los salarios indignos, la falta de seguridad social, las dobles o triples jornadas que incluyen el trabajo de cuidados, y las condiciones de trabajo precarias les impiden, entre otras cosas, gestionar dignamente su menstruación.

En estos escenarios, las organizaciones llamamos al Comité CEDAW a incorporar, en su evaluación al Estado mexicano, recomendaciones en torno a la eliminación de la detención migratoria y reformar la Ley de Migración conforme a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (detención de 36 horas, revisiones migratorias y registro de personas migrantes detenidas); el fortalecimiento de la recolección de datos con enfoque de género y diversidad; la creación de una mesa interinstitucional para el diseño de políticas de migración y asilo con perspectiva de género; la implementación de los protocolos para juzgar  con perspectiva de género, de orientación sexual, identidad y expresión de género, y de casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional.

Además de ampliar las vías de migración regular, y facilitar la regularización migratoria garantizando procesos accesibles, asequibles, transparentes y libres de discriminación ; garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, gestión menstrual y aborto legal; establecer políticas laborales que protejan a trabajadoras agrícolas, con remuneraciones justas y acceso a cuidados; e implementar el Sistema Nacional de Cuidados con enfoque específico para mujeres jornaleras agrícolas y sus familias.

Las organizaciones firmantes reiteramos la necesidad de que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantice una política migratoria con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad que reconozca las realidades de las mujeres en movilidad en el país.

Las Vanders. @LasVanders

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