Certificado Laboral para la Agroexportación: un avance hacia el trabajo digno para las personas jornaleras agrícolas

Iniciativa presentada al Senado por la Presidenta Claudia Sheimbaum en marzo 2026

Fotografía: CECIG, AC.

El 11 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Comercio Exterior. La propuesta, que actualmente se analiza en comisiones, plantea la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación: un mecanismo que condicionará el acceso a los mercados internacionales al cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras agrícolas.

Para obtener el certificado, las empresas deberán acreditar que las personas jornaleras empleadas en sus cadenas de corte y empaque están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se respetan las condiciones generales de trabajo establecidas en la Ley Federal del Trabajo y que sus operaciones cumplen con criterios ambientales: no deforestación, uso responsable del agua y gestión adecuada de agroquímicos.

🌱 En México, más de 2.5 millones de personas jornaleras agrícolas trabajan sin acceso pleno a derechos laborales.

El trámite se realizará por cada operación de exportación, a través de la plataforma VELAGRO.

El mecanismo iniciará mediante una fase piloto en abril de 2026, en los cultivos de aguacate hass en Michoacán, y tendrá una duración de seis meses. Durante ese periodo, su ausencia no impedirá exportar, pero las empresas deberán empezar a registrarse y acreditar su cumplimiento. El siguiente cultivo previsto para incorporarse al esquema serían las berries, en regiones como San Quintín, el Bajío y Jalisco.

Se trata de un primer paso fundamental para mejorar las condiciones laborales y de vida de las personas trabajadoras agrícolas. En México, más de 2.5 millones de personas jornaleras carecen de acceso pleno a derechos laborales. Que se proponga ahora un instrumento legal que vincule la posibilidad de exportar con el respeto a esos derechos es un avance significativo, pero también nos recuerda la dimensión de lo que queda pendiente.

Desde CECIG seguiremos de cerca la implementación del mecanismo, en particular su impacto en las comunidades de personas trabajadoras agrícolas, así como los pasos necesarios para ampliar su alcance a todos los cultivos de exportación y también a los destinados al consumo interno.