• Organizadores del Foro urgen al Estado mexicano y los demás Estados de la región a ratificar el Acuerdo de Escazú[1] y a desarrollar una hoja de ruta para su implementación. Este histórico acuerdo compromete a los Estados firmantes a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Ya fue firmado por México y otros 15 países de la región.
  • Se presentó el informe Sector extractivo y sociedad civil: cuando el trabajo de comunidades, gobiernos e industrias es sinónimo de desarrollo, estudio realizado en cinco países (incluido México) para buscar buenas prácticas en el nivel de información y en prácticas de diálogo, “donde encontramos 27 iniciativas de colaboración o buenas prácticas validadas a replicar”, comentó Volker Frank de Fundación Futuro Latinoamericano.
  • Desde su primera edición en 2005, el Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina se ha posicionado como un espacio de diálogo desde la diversidad de actores y cosmovisiones, que busca lograr una mejor comprensión de la conflictividad en la región y explorar vías para transformación efectiva de la misma, con un enfoque de derechos humanos.
  • Este año, los participantes se enfocaron en explorar la relación entre transparencia, rendición de cuentas y conflictividad. Desde distintas miradas se concluye que el acceso a información confiable y oportuna es una condición necesaria para hacer valer los derechos de quienes se ven afectados por la conflictividad socioambiental y para reducir las asimetrías de poder que subyacen al diálogo entre cosmovisiones y las distintas visiones de desarrollo. A menor transparencia en los llamados mega-proyectos mayor corrupción, definida como la “apropiación ilegítima de lo público por la vía de sometimiento u opacidad”: señaló Mauricio Merino de la Red de Rendición de Cuentas.

CIDE, Santa Fe a 4 de diciembre del 2018.- El X Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina realizado el pasado 28 y 29 de noviembre en las instalaciones del CIDE, delineó la relación de transparencia y rendición de cuentas con conflictividad socioambiental, sus retos y posibles líneas de acción. En reunión de balance, los organizadores del Foro concluyeron que, desde distintas miradas, se evidenció que el acceso a información confiable y oportuna es una condición necesaria para hacer valer los derechos de quienes se ven afectados por la conflictividad socioambiental y para reducir las asimetrías de poder que subyacen al diálogo entre cosmovisiones y modelos de desarrollo. Tras este balance, los organizadores urgieron al Estado mexicano y a los demás de la región para que ratifiquen el Acuerdo de Escazú y establezcan una hoja de ruta para su implementación, en colaboración la sociedad civil.

[1] Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es un tratado histórico que hace el cruce entre los derechos humanos y el medio ambiente, y compromete a los países de la región a garantizar el acceso a la información en materia ambiental, abrir espacios de participación efectiva, y dar las garantías necesarias para que aquellas personas que vean sus derechos ambientales vulnerados puedan acceder a la justicia. De igual forma, el acuerdo obliga a los países a poner en marcha mecanismos que den seguridad a las personas defensoras del medio ambiente para ejercer su labor. Para más información sobre el acuerdo consultar: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional

 

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